Tal como lo había anunciado, el electo gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, esta mañana acompañó a los funcionarios del Gobierno Regional, quienes ingresaron un requerimiento al Contralor Regional para que, según lo dio a conocer el mismo Díaz: “Atienda a una demanda que tiene un carácter político – simbólico, pero también aspectos prácticos muy concretos que ponen en riesgo la salud y la integridad de los funcionarios del Gobierno Regional; argumentos que comparto”; esto en referencia a la polémica por el uso de los espacios del edificio del GORE y la persistencia del Gobierno y del Intendente Patricio Kuhn de mantener las oficinas allí para el futuro delegado presidencial.
Asimismo, Rodrigo Díaz informó: “Supe que del orden de $140 millones que podrían estar dedicados a realizar obras para la Región, para construir sedes sociales, para solucionar problemas de acceso al agua… se estarían intentando retirar para alhajar las oficinas del cuarto piso. A mí me parece impropio que eso ocurra, toda vez que este GORE no se ha gastado el dinero del presupuesto que está para beneficiar a las personas que tienen muchos problemas en nuestra Región. Obviamente, si eso llegara a ocurrir, tomaré las medidas del caso, incluso para llegar a juicio de cuentas si es que esto ocurre”.
Además, señaló que “conversé ayer con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien tuvo la gentileza de saludarme; y le he señalado el problema del edificio y el Presidente me dijo que no estaba al tanto, por lo que se comprometió a revisarlo. También le manifesté el problema al ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, quien tampoco tenía conocimiento de esta situación de que existen dos edificios; y a ambos les puede explicar que hay riesgo para la seguridad de los trabajadores en cuanto a su salud; y que en caso que hubiera manifestaciones contra este u otro gobierno no tienen, por qué ser afectados los funcionarios que están en el primer, segundo y tercer piso”.
En este contexto, Rodrigo Díaz afirmó: “Los intendentes deben evitarle problemas al Presidente, no creárselos; hay que ser celosos con la probidad, que no podemos tolerar malos manejos financieros y que el dinero que está para solucionar problemas de la ciudadanía se dediquen a otro fin”.
Díaz también dio cuenta que “vengo saliendo de una reunión virtual encabezada por la Presidenta del Senado, Yasna Provoste, y senadores, a la que asistimos 14 gobernadores regionales y le hemos manifestado que hay concordancia en que la Subsecretaría de Desarrollo Regional ha tenido un comportamiento displicente y poco diligente en manejar el traspaso de competencias. Lo que necesitamos es que se respete la dignidad de la soberanía popular que se ha manifestado; y que el mismo orden protocolar que ha corregido recién el Gobierno de Chile del Presidente Piñera establece que la primera autoridad de la Región es el gobernador regional”.
El secretario de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, Miguel Hinojosa Montecinos, aseveró que el documento presentado ante Contraloría apunta al “buen funcionamiento del servicio en cuanto a la ocupación de los espacios del Gobierno Regional que ya están reducidos y evitar el hacinamiento; además, van a llegar nuevos funcionarios, producto del proceso de traspaso de competencias, la creación de nuevas divisiones, nuevos cargos; por lo tanto, aquí va a haber un problema muy grave desde el punto de vista del cumplimiento sanitario y de los aforos”.
“También tenemos problemas administrativos y de gestión muy graves que se van a presentar – continuó Hinojosa -, puesto que el delegado presidencial, pertenecerá al Ministerio del Interior que es un servicio completamente distinto al gobierno regional. Por lo tanto, el Gobierno Regional en este marco de compartir el edificio seguiría gastando recursos propios para financiar un servicio público distinto, como de agua, electricidad, gas, servicios informáticos, incluso honorarios y sueldos de funcionarios de confianza del actual intendente que son pagados con cargo al erario del Gobierno Regional, lo que constituye una figura que podría calificarse de malversación de fondos públicos si eso llegara a ocurrir, lo que sería un grave atentado a la probidad y que es un elemento esencial que tiene que marcar el inicio de la gestión del GORE con la nueva autoridad electa recientemente”, concluyó.
